Como parte de la estrategia de Corporación APM de generar incidencia en temas de discapacidad intelectual, desde hace unas semanas se apoyó la inscripción de nuestra abogada, Sandra Basso, en un diplomado internacional que abarca materias jurídicas especialmente relevantes en el contexto actual.

Se trata del diplomado “Las reformas en capacidad jurídica de personas con discapacidad en América Latina” que desarrolla la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De esta forma el objetivo es contar con mayores herramientas para una discusión que ya se ha instalado en muchos países y que está asomando en Chile como lo es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual.

Como contextualiza la misma abogada: “En Chile como en el resto del mundo, durante años se ha negado la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta situación sufrió un rotundo cambio con la aprobación de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad el año 2008, la cual en su artículo 12 reconoce que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica al igual que el resto de personas.  De esta forma, los diversos países han ido implementando reformas en sus respectivas legislaciones internas”.

“En ese contexto, la Corporación APM busca desarrollar los alcances conceptuales del artículo 12 de la Convención, teorizar sobre sus interpretaciones y la viabilidad de su implementación, entregando una mirada comparativa entre los diferentes modelos de implementación en la región americana. Así también, buscamos conocer y manejar de manera adecuada el enfoque social de la discapacidad para aplicarlo en diversos sectores, identificando las fortalezas y debilidades de las diferentes legislaciones latinoamericanas que implementan el artículo 12”, continúa.

Finalmente indicó que “en el futuro esperamos poder compartir nuestras comprensiones sobre la conceptualización del reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, desde la perspectiva de los derechos humanos, a fin de desarrollar estrategias para poder incidir en el proceso legislativo de reconocimiento de capacidad jurídica en Chile”.